Los gobiernos progresistas, desde los más tibios a los más consecuentes, han mostrado ser dispositivos eficientes para desarticular movimientos sociales y apaciguar las protestas. Incrustando una porción de luchadores sociales en las instituciones, adoptando el mismo discurso de la calle, adaptando sus demandas a las lógicas estatales, consiguen el milagro de devolver a cientos de miles de indignados a sus casas, donde reciben compensaciones focalizadas para reducir los estragos de la pobreza sin mover un ápice la desigualdad ni el lugar estructural de los de abajo.
La última década ha sido prodigiosa, en este sentido, en América Latina. Los administradores progres de los estados se mostraron como aventajados discípulos de los gerentes del Banco Mundial a la hora de pergeñar nuevas y más sofisticadas políticas sociales para domesticar y cooptar movimientos, recurriendo sin escrúpulos a la represión cuando los muros de contención fueron desbordados. En Chile, la Concertación no tuvo empacho en travestirse y permitir, incluso, el ingreso de militantes comunistas al gobierno, sin modificar sus políticas neoliberales. Nada escatiman para evitar la protesta.
Sin embargo, cuando los movimientos consiguen atravesar el pantano pegajoso del progresismo, suelen salir fortalecidos. No es tarea sencilla. Requiere no bajar los brazos, comprender el período actual, no tenerle miedo al aislamiento ni a la represión. Al hacerlo, al persistir en la lucha, los movimientos consiguen poner en evidencia que el progresismo se ha convertido en nueva forma de dominación.
En este trabajo aparecen los dos procesos: el nacimiento de una nueva generación de movimientos y el despliegue del modelo progresista/extractivista en una disputa que abarca todo el continente.
