El Estado ha postergado la resolución institucional y democrática de los conflictos sociales y políticos que enfrenta el pueblo mapuche. Estos se relacionan con las reivindicaciones territoriales y, en tiempos actuales, con la pérdida de los recursos naturales que constituyen su hábitat y que se encuentran en manos de grandes empresas. Para Mella, el Estado ha reducido el conflicto a un plano meramente judicial, cuyas consecuencias más inmediatas han sido la legitimación de su potestad punitiva y la estigmatización del mapuche.
