Estudio orientado a comprobar el grado de protección jurídica de las personas privadas de libertad frente a los actos u omisiones abusivos o ilegales de que son objeto durante su encierro. La tarea abordada nos parece tanto más encomiable si se considera el entorno político-criminal en el que se ha desarrollado: crecientes demandas de seguridad que se traducen, casi únicamente, en más penas y más cárcel; vastos sectores de población anatemizados por considerarse focos de cultivo de violencia y delincuencia, entre otras situaciones.
